El país que se quiere

Productores rurales, pobladores de la costa y sindicatos

Tras la movilización del 13 de mayo, en defensa de la tierra y los recursos naturales, las organizaciones convocantes de la marcha realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Federación de Funcionarios de OSE donde explicaron su oposición al proyecto de minería a cielo abierto y brindaron una primera evaluación de la acción realizada

Por Luciana Siri (Movimiento por un Uruguay Sustentable)

“Nos estaba costando mucho llegar a la gente y con esta movilización nos quedamos sorprendidos de la forma en que se convocó, de la conciencia popular que se está tomando”, señaló Eduardo Echeverriborda, productor de Las Palmas, una de las zonas que se encuentra en el epicentro del proyecto minero. “Eso y la diversidad que tuvo la marcha nos ha conmovido, porque es la opinión pública la que puede golpear las puertas de las autoridades para que revisen esto que es serio”, resumió. De todos modos, Echeverriborda advirtió que hasta que el grupo de productores organizados no se juntara a hacer una evaluación, las reflexiones sobre la marcha eran a título personal.

Por su parte, Arturo Abella, presidente de la Comisión de Vecinos y Amigos de La Esmeralda, subrayó el aspecto positivo que ha despertado Aratirí: “Al tener tres patas, la parte de la minera, el mineroducto y el mega puerto, el proyecto nos ha unido a todos para discutir qué país queremos”, manifestó en referencia a la alianza entre diversos sectores tales como los productores rurales, comunidades costeras y organizaciones montevideanas que se sumaron a la convocatoria de la marcha.

En esa misma línea, Ricardo Rodríguez, representante de la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP), manifestó que los vecinos de esa localidad se sumaron en apoyo por considerar que “este proceso que ocurre con la minera Aratirí es uno más de una serie de procesos y proyectos y actividades que van hacia un modelo de país que no es sostenible” y comparó que “así como los compañeros están enfrentando a Aratirí, nosotros en La Paloma estamos enfrentando al modelo forestal”. Rodríguez, al igual que Abella, manifestó la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo al cual se dirige Uruguay: “un modelo de país que pone en peligro a sus recursos naturales, la calidad de vida y de trabajo de la gente”.

El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos Sosa, explicó el apoyo del sindicato a la movilización por considerarla una herramienta clave para hacer cumplir la reforma de la Constitución, aprobada en el plebiscito de 2004, donde la ciudadanía se pronunció en defensa de los recursos hídricos como derecho humano básico. “La Constitución establece que cualquier emprendimiento que se haga en nuestro país en una cuenca acuífera tiene que ser con la participación del pueblo y de la ciudadanía, que es quien en última instancia decide si ese emprendimiento vulnera uno de los principios fundamentales que es, en primer lugar, el derecho del acceso al agua de buena calidad. De ser así, ese emprendimiento no puede ser llevado adelante”, señaló Sosa quien agregó que, “en el marco del bicentenario y en defensa de la soberanía, nuestros recursos tanto de la tierra como hídricos están siendo vulnerados (…). Nosotros como sindicato, como trabajadores, entendemos que este proyecto en el Uruguay, destroza nuestro hábitat y en última instancia va a terminar con la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Estado de situación

El periodista Victor Bacchetta, a cargo de la moderación de la mesa, dejó en claro que no es un movimiento contra toda explotación minera sino que es una acción que cuestiona a un tipo de minería en particular surgido en las últimas décadas. Según describió, es un tipo de explotación que nace en un contexto de desarrollo tecnológico que permite la extracción con procedimientos de separación a gran escala, lo que lleva a la generación de grandes volúmenes de desechos y a una especulación muy fuerte en la medida que los commodities, las materias primas, se han incorporado al sistema financiero internacional. “Esto hace que surjan empresas y capitales interesados ante un tipo de explotación como esta que es sumamente depredadora, donde los costos ambientales son altísimos pero sumamente rentables para estas empresas porque ellas no pagan esos costos sino que los pagamos nosotros”, manifestó el periodista, quien señaló que por este motivo hay países como Costa Rica, en América Latina, que han prohibido la minería metálica a cielo abierto y también la Comunidad Europea está tomando medidas.

En América del Sur existen varias explotaciones de este tipo, en zonas casi semidesérticas como en la Cordillera, alejadas de las poblaciones. Aún así, manifestó Bacchetta, “esa minería tiene un alto impacto porque afecta las fuentes de agua que vienen de la altura y las comunidades que dependen de esa agua para su cultivo y consumo son afectadas”. Por esta razón, justificó la gran preocupación de la zona en la que se quiere instalar la minera: “en el centro del país, en el medio de la pampa húmeda, en el medio de una zona cultivada, poblada, con una población que tiene una tradición productiva y de vida”.

Otro de los aspectos que preocupa es la dinámica de la empresa que se encuentra por detrás de Aratirí (Zamin Ferrous) que es una multinacional de origen indio que genera a nivel nacional “empresas de corta vida para elaborar proyectos concretos como el de este tipo y que, una vez conseguidos los acuerdos gubernamentales, vende el proyecto”, señaló Baccheta, quien ejemplificó con una situación de este tipo y con la misma empresa ocurrida en el noreste de Brasil, en el estado de Bahía.